Tegucigalpa. Doña María García, una indígena lenca de las remotas montañas del departamento de Intibuca, no conoce de conceptos, teorías, ni enredos judiciales, pero le basta  ver su empobrecida comunidad para saber sobre lo que le han quitado los corruptos.

Como ella, cientos de hondureños, al grito de “justicia, justicia”, aprobaron la creación oficial del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, con la que los fiscales ex huelguistas esperan seguir presionando a las autoridades para que se investigue y se castigue a todos los involucrados en los más sonados casos de corrupción en el país. 

“Sólo llegan para mentir y nosotros siempre luchando para vivir…picardías que ellos hacen con el pueblo. Si no podemos levantar la cabeza vamos a vivir en lo mismo”, lamentó la indígena al referirse a muchos políticos que sólo llegan a sus comunidades a pedir el voto y luego se enriquecen ilícitamente cuando llegan a los cargos públicos.

La creación de este movimiento fue uno de los acuerdos anunciados en la primera asamblea popular, realizada el 24 de mayo en los bajos del Congreso Nacional, tras la prolongada huelga de hambre que iniciaron varios fiscales del Ministerio Público que denunciaron que los casos sobre corrupción siguen engavetados.

El mayor logro
Luego de 38 días de huelga en los bajos del Congreso Nacional en donde también hubo numerosas protestas callejeras y enfrentamientos entre representantes de distintos sectores, afines o adversos a los fiscales, los ex huelguistas y simpatizantes afirman que el mayor logro alcanzado en esa lucha es el despertar de la conciencia del pueblo.

“Lo que se ha logrado es algo increíble, la unidad del pueblo hondureño, la conciencia de un pueblo, desenmascarar a los corruptos; cuánto se han robado y quienes están en el Congreso Nacional, en el Ministerio Público o en la Corte Suprema de Justicia. El pueblo ya está levantado y está unido”, afirmó Jari Dixon, fiscal ex huelguista. 

Dixon opina que con la huelga se envió claros mensajes a los corruptos de que ya no pueden dormir tranquilos, salir en las páginas de sociedad con el mismo descaro o disfrutar del dinero del pueblo sin temor.

“Van a estar pendientes, en cualquier momento todo este sistema va a cambiar y ellos van a tener que ir a responder a la cárcel por sus actuaciones ilegales”, sentenció Dixon.

El controversial pastor, Evelio Reyes, cuyo involucramiento en la huelga generó opiniones encontradas sobre la participación de líderes religiosos en este tipo de manifestaciones, aseveró que esa nueva conciencia permitirá a la población adquirir una mayor madurez ciudadana a la hora de elegir nuevas autoridades.

“Tenemos que recuperar el Congreso Nacional, ahora tenemos un Congreso que representa a los pudientes, a ciertos sectores, a sus propios intereses, menos al pueblo” criticó Reyes.

Decretos deben cumplirse
El presidente de la asociación de fiscales y también ex huelguista, Víctor Fernández, fue el encargado de leer el pronunciamiento oficial en el que se anunció  que el nuevo movimiento será coordinado por una asamblea integrada por los participantes directos de la huelga de hambre que coordinarán asambleas populares en todo el país.

Fernández considera que otro de los logros fue  presionar a los diputados para la aprobación de dos decretos, uno para permitir hacer una auditoria a las actuaciones del Ministerio Público y otro que permitió la conformación de la comisión encargada de la revisión de casos puntuales sobre corrupción y medio ambiente con la participación de los fiscales proponentes.

“Es cierto que hay una comisión que de pronto va a responder a los intereses de ellos mismos, pero tenemos un pueblo que está vigilante y así como se ha evidenciado a los fiscales generales podemos evidenciar la comisión”, advirtió Fernández.

Sobre este particular, Jari Dixon dijo que los diputados que integran esa comisión tienen  las pruebas suficientes en los casos de corrupción denunciados para suspender de sus cargos, por omisión de los deberes de los funcionarios,  al fiscal general, Leonidas Rosa Bautista, y al fiscal general adjunto, Omar Cerna.

Un caso es el de Incehsa en el que se puede comprobar que se evadieron más de 100 millones de lempiras en pago de impuestos cuando funcionarios modificaron los dictámenes y sólo cobraron nueve millones de lempiras, dijo Dixon.
Gustavo López
www.conexihon.com

Fuera. Gritando “fuera” centenares de participantes de la primera asamblea popular de evaluación convocada por los fiscales ex huelguistas exigieron que los corruptos sean castigados.	Asambleas. El fiscal ex huelguista Jari Dixon asegura que en los resultados de las urnas en las próximas elecciones se verá el castigo popular a los mentirosos y corruptos.	Etnias. Como doña  Maria García (derecha), varios indígenas de Intibucá también participaron  en la asamblea popular.

LAS FRASES

“A esa comisión del Congreso Nacional que está manoseando los expedientes actualmente, que está intimidando a nuestros compañeros fiscales para no hacer una investigación digna, que el pueblo los mire, que los conozca y que se acuerde en las urnas lo que están haciendo”
Jari Dixon
Ex huelguista
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 “A nivel de operación de justicia continúa la impunidad porque en los tres poderes del estado los corruptos se protegen entre sí, y ahí no hay diferencias de partidos”
Sergio Rivera
Dirigente magisterial
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“Aquí el gran logro es el despertar de conciencia, jamás volverá a repetirse la historia de cómo han elegido estos señores: tanto fiscales como magistrados de la corte suprema de justicia y otras autoridades”
Rafael alegría
Dirigente campesino