** Inadmisibles resultaron las 41 denuncias

Tegucigalpa. La tensa calma social de las últimas semanas puede romperse. Los fiscales ex huelguistas rechazan y califican como otra burla más al pueblo la reciente decisión del Congreso Nacional de mantener en sus cargos a las máximas autoridades del Ministerio Público, al declarar inadmisibles 41 denuncias sobre corrupción.

La decisión, tomada por los diputados después que la comisión parlamentaria encargada de conocer las 41 denuncias diera a conocer su informe final de 52 páginas, aunque no fue unánime ratificó en sus puestos al Fiscal General, Leonidas Rosa Bautista y el Fiscal General Adjunto, Omar Cerna.

La sesión sobrepasó las tres horas porque además del extenso informe dado por la comisión investigadora, conformada por los diputados Erick Mauricio Rodríguez, Rolando Dubón Bueso, Emilio Cabrera, Carlos Ramón Aguilar, y Orle Aníbal Solís Meraz, el mismo generó enfrentamientos entre otros diputados.

Otra burla al pueblo “Allí están, ellos son los que saquean a la nación”, “diputados corruptos, a la cárcel”, eran algunas de las consignas que gritaron unos pocos manifestantes que protestaban en los bajos del Congreso Nacional mientras en la cámara legislativa se presentaba el informe. “Es una burla más al pueblo hondureño” criticó el fiscal ex huelguista Jari Dixon, quien acompañaba a los manifestantes. Dixon aseguró que la determinación aprobada por los diputados era predecible, porque según él éstos solo siguieron el lineamiento de sus respectivos partidos políticos y en representación de los grupos de poder que los apoyan.

Informe. La mayoría de los diputados votaron por aprobar inadmisible las 41 denuncias presentadas después de la huelga de los fiscales.

“Esto es una evidencia más de lo que el sector político está queriendo para Honduras, donde los corruptos no vayan a la cárcel, donde los corruptos no sean exhibidos y donde el dinero del Estado vaya a los bolsillos privados de estas personas”, dijo Dixon.
Dixon manifestó que el pueblo no se quedará callado y que protestarán a través del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, cuya creación se oficializó en la primera asamblea popular realizada tras la huelga de hambre de 38 días.

Posteriormente, contrario a la postura de Dixon, el Fiscal General Leonidas Rosa Bautista expresó su conformidad con los resultados de la comisión.

“Ha sido obvio que ni siquiera hubo argumentos para poder contradecir la verdad de los documentos y de los hechos que expresaran los diputados”, dijo Rosa Bautista, quien también afirma no abrigar rencores y que guardará prudencia para no generar más debates.

“En lo que no estoy de acuerdo es que utilicemos el deseo de justicia del pueblo, el deseo de una administración transparente de justicia de los bienes del Estado en función de generar, a través de medias verdades o medias mentiras, posiciones que lo que llevan es a organizarse para organizar grupos de poder que disputan el poder publico”, agregó.

No hay evidencias asegura comisión
A petición de los huelguistas, la comisión hizo la investigación amparados en lo establecido en el artículo 25 de la Ley del  Ministerio Público que se refiere a que las máximas autoridades de ese ente podrán ser investigadas por el Congreso Nacional, cuando se formulen denuncias ante esa institución o ante el Ministerio Público debidamente sustentadas.

El informe fue dado a conocer a los demás diputados por el presidente de la comisión Erick Mauricio Rodríguez y el diputado Rolando Dubon Bueso.

protestan fiscales Burla. Los fiscales promotores de la huelga de hambre aseguran que el informe fue otra burla al pueblo.

“Esta comisión no encontró evidencias de injerencia alguna por parte del fiscal general y el fiscal adjunto en el manejo o instrucción de las mismas con mira a dilatar la investigación de los casos respectivos, en consecuencia de conformidad a las reformas del articulo 25 de la ley del ministerio público, las mimas no llenan los requisitos para su admisibilidad”, concluyeron los diputados investigadores. La comisión también aseguró en el informe que considera de importancia “que los casos objetos de la presente revisión y otros que se consideren necesarios sean trasladados a la comisión de notables que se tenga a bien nombrar por parte de este Congreso Nacional a fin de que  llegue al fondo de las mismas y recomiende lo procedente en derecho”. Al detallar las conclusiones de la investigación, los diputados investigadores establecieron que de los 41 investigados siete se encuentran judicializados, es decir ya con requerimiento en los tribunales de la república.

“Dos se encuentran cerrados administrativamente porque a juicio de los fiscales de causa no existen la posibilidad de que existan méritos para una posible acción penal”.

Uno de los casos se refiere a la supuesta falsificación de pasaportes y abuso de autoridad y los denunciados fueron Sergio Mauricio Díaz, quien fungió como jefe de la sección de pasaportes en San Pedro Sula y otra persona llamada Héctor Manuel Monroy. El otro caso se refiere a un asalto y robo en contra de Héctor Lisandro Morales.

La comisión también concluyó que hay 23 expedientes en investigación por parte de la Dirección de investigación Criminal, otros pendientes de auditorias por parte del ministerio público y del tribunal superior de cuentas, elemento indispensable para presentar un requerimiento fiscal sustentado en suficientes elementos probatorios.

“De todos los expedientes revisados se constató que sólo existe un expediente que por más de cuatro años permaneció inactivo el cual se conoce como el caso de Intercasa”, criticó la comisión involucrando a la fiscal ex huelguista Soraya Morales, quien estuvo a cargo del caso cuando fungía como fiscal contra la corrupción.

En defensa, la diputada del partido Unificación Democrática, Silvia Ayala, pidió la palabra y pretendió que los diputados escucharan vía teléfono a Morales, pero el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, se lo impidió afirmándole que esa era una discusión entre diputados.

La comisión también cuestionó que producto de la falta de personal especializado, los casos relacionados con el crimen organizado, la corrupción y el medio ambiente en su mayoría requieren de auditorias y dictámenes en diferentes materias que no han sido realizados porque en la actualidad apenas se cuenta con 13 auditores, que en promedio emiten 8 dictámenes mensuales.

Producto del insuficiente personal existe una mora de más de 300 expedientes de auditoria o dictamen, lo cual retrasa el ejercicio de la acción penal, argumentan los miembros de la comisión en el informe.

Orle no firmó
La única sorpresa fue que el diputado Orle Aníbal Solís Meraz, miembro de la comisión designada para investigar, se abstuvo de firmar el documento porque aseguró estaba en desacuerdo con el contenido final.

“No concordamos nuestro criterio sobre estos asuntos con los demás”, explicó Solís Meraz quien calificó públicamente en la sesión parlamentaria como una falta de respeto que el diputado Dubón Bueso, encargado de leer las conclusiones y recomendaciones del informe, no mencionara que él se abstuvo de firmarlo.

Gustavo López
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